#Argentina //#VamosALaSentencia: definición en la Megacausa La Perla-La Ribera

Originalmente denominada causa “Menéndez III”, el proceso judicial se inició el 4 de diciembre de 2014, incorporando luego 16 nuevos expedientes que la convirtieron en uno de los Mega Juicios más importantes por crímenes de lesa humanidad en el país.

Con 44 imputados, más de 700 víctimas (de las cuales 365 se encuentran aún desaparecidas o fueron asesinadas) y 600 testigos, este jueves, después de cuatro años, tendrá lugar la lectura de la sentencia de manera pública.

Los organismos de Derechos Humanos y gran parte de las organizaciones sociales, políticas y civiles de la provincia de Córdoba convocan este 25 de agosto a las 10 de la mañana a una concentración en Ciudad Universitaria. Desde allí se realizará una movilización hasta los Tribunales Federales para presenciar los resultados del juicio y acompañar a los familiares y víctimas exigiendo justicia.

Todas las garantías para que el proceso fuera transparente y acorde a las exigencias judiciales fueron cumplidas. El resultado de este juicio determinará quienes fueron algunos de los responsables de los asesinatos, torturas, desapariciones, apropiación de niños, delitos sexuales y crímenes económicos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Córdoba.

La Megacausa reúne pruebas, testimonios, declaraciones y alegatos por gran parte de los crímenes que se llevaron adelante en los centros clandestinos de detención “La Perla”, “Malagueño o Perla Chica”, “Campo de La Ribera”, “D2” (Departamento de Informaciones de la Policía) y diferentes comisarías de la provincia.

La mayoría de los imputados son o fueron miembros del ejército y de la policía provincial, así como también se encuentran acusados miembros de Gendarmería. Sin embargo, durante este proceso ya han muerto varios de los imputados, que quedarán sin condena recibiendo una “absolución por fallecimiento”.

En el contexto actual, el fallo tendrá un impacto que excede a las características propias de la Megacausa por su magnitud, ya que para los organismos de Derechos Humanos el resultado será crucial para garantizar la continuidad de los procesos judiciales. Particularmente frente a las políticas de “reconciliación” que impulsa el gobierno nacional y ante las declaraciones públicas de distintos funcionarios -y hasta el propio presidente- que circularon en los últimos meses.

Claudio Orosz, abogado de uno de los equipos que lleva adelante la defensa de las víctimas y querellante en la causa, sostiene que “desde el punto de vista pol
ítico, lo principal a destacar es que lo peor que le puede pasar a un país es que su propio Estado, mantenido por todos, se transforme en criminal. Sólo por ignorancia o complicidad se puede denominar a esto como guerra sucia”.

Ante los intentos de instalar nuevamente la teoría de los dos demonios en los discursos mediáticos, los organismos y las organizaciones continúan disputando el sentido desde donde se interpreta el terrorismo de Estado y la última dictadura cívico-militar en el país, exigiendo que estos crímenes no queden impunes “nunca más”.

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